La discusión por el lugar de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella escaló este fin de semana entre el equipo del mandatario electo y el presidente Gustavo Petro. Mientras el primero insiste en realizar la ceremonia en una guarnición militar, Petro respondió que no prestará ninguna base militar para ese acto y sostuvo que sigue siendo presidente hasta el 6 de agosto.

La petición de De la Espriella fue presentada ante el Congreso de la República por su equipo, que consultó si era jurídicamente viable trasladar la sede del Legislativo fuera de Bogotá para realizar allí la ceremonia del 7 de agosto. Según Caracol Radio, el secretario general del Senado explicó que, si Senado y Cámara llegan a un acuerdo, podría tramitarse un traslado excepcional para permitir la posesión en una unidad militar. El mismo planteamiento fue confirmado por otros medios nacionales que siguieron el trámite iniciado el 9 y 10 de julio.

De la Espriella ha defendido la idea de posesionarse en un escenario castrense como una señal política de respaldo a las Fuerzas Armadas y de ruptura con la tradición de hacerlo en la Plaza de Bolívar. En su entorno, además, consideran que el Congreso podría autorizar el cambio de sede antes del 7 de agosto, fecha fijada para la transmisión de mando.

Del otro lado, Petro cerró la puerta. El presidente afirmó que no autorizará que instalaciones militares o policiales sean utilizadas para la posesión de su sucesor. En un mensaje difundido este domingo, según reportó la agencia EFE y medios como El Espectador y El Universal, el jefe de Estado insistió en que la ceremonia debe mantenerse en el Capitolio Nacional y que los cuarteles no deben servir para ese fin.

El pulso dejó en manos del Congreso la definición final sobre si existe o no una fórmula legal para mover el acto de posesión. Hasta ahora, la solicitud de De la Espriella sigue su curso institucional, mientras la negativa de Petro anticipa un choque político en la recta final de la transición.

La controversia ocurre a pocas semanas del 7 de agosto, fecha en la que termina el período presidencial actual y se produce el cambio de gobierno. Por ahora, la discusión no solo pasa por el protocolo, sino también por el alcance jurídico de la petición y por la resistencia del Ejecutivo saliente a prestar una base militar para la ceremonia.