Este martes 15 de julio de 2026 entra en vigencia en Colombia la jornada laboral máxima de 42 horas semanales, con lo que culmina la reducción gradual que el país viene aplicando desde 2023, cuando el límite era de 48 horas. La medida fue establecida en la Ley 2101 de 2021, que fijó una transición escalonada sin recorte salarial para los trabajadores.

De acuerdo con el texto legal consultado en el sistema oficial SUIN-Juriscol, la disminución se aplicó por etapas: 47 horas desde el 15 de julio de 2023, 46 horas desde el 15 de julio de 2024, 44 horas desde el 15 de julio de 2025 y finalmente 42 horas desde el 15 de julio de 2026. El cambio modifica el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo y mantiene la obligación de conservar el salario y los derechos adquiridos.

El Ministerio del Trabajo ha reiterado en distintas aclaraciones que la reducción de jornada no implica una rebaja en la remuneración ni en las prestaciones. La cartera laboral también ha insistido en que las empresas deben ajustar la organización de turnos y horarios para cumplir el nuevo tope semanal permitido por la ley.

La norma autoriza que la jornada de 42 horas se distribuya de común acuerdo entre empleador y trabajador en cinco o seis días a la semana, siempre que se respete el día de descanso. En la práctica, esto permitirá que algunos sectores concentren la carga laboral en menos días, mientras otros conserven esquemas más repartidos, según la actividad y las necesidades operativas.

La reforma forma parte de una tendencia de ajuste progresivo de la jornada en el país y busca acercar a Colombia a modelos laborales con más tiempo de descanso sin afectar el ingreso de los empleados. Con la entrada en vigor de este nuevo límite, las compañías que aún operen bajo esquemas de 44 horas o más deberán revisar sus contratos, turnos y sistemas de control horario para evitar incumplimientos.

En el debate laboral, gremios y expertos han advertido que la transición exige planeación interna, especialmente en sectores con alta dependencia de turnos continuos, atención al público o servicios operativos. Sin embargo, la reducción ya estaba prevista desde 2021 y su cumplimiento desde este 15 de julio de 2026 marca el cierre del cronograma legal establecido por el Congreso.